Prescripción de la acción para determinar la obligación tributaria: Improcedencia de su declaración cuando es alegada después de notificada la resolución de determinación
Por Editorial Economía y Finanzas - 18 de noviembre, 2026RTF 6447-13-2026 de 30-6-26
La prescripción de la acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación tributaria o imponer sanciones únicamente puede ser declarada cuando es opuesta o alegada antes de que dichas acciones hayan sido ejercidas. Una vez notificada la resolución de determinación o de multa, la acción correspondiente se agota, por lo que no resulta procedente declarar posteriormente su prescripción, aun cuando el plazo prescriptorio hubiera transcurrido antes de la emisión del acto administrativo.
La posibilidad de oponer la prescripción en cualquier estado del procedimiento administrativo o judicial, prevista en el art. 48 del Código Tributario, constituye una regla de oportunidad procesal que no permite extinguir acciones ya ejercidas ni afectar retroactivamente la validez y eficacia de los actos administrativos emitidos en ejercicio de estas. Una interpretación contraria vulneraría el principio de seguridad jurídica.
Observación 1: En el caso, dado que la recurrente alegó la prescripción el 20-1-2021, después de que la Administración notificara las resoluciones de determinación el 21-12-2017, la prescripción invocada resultaba improcedente. En consecuencia, se confirmó la resolución apelada en este extremo.
Observación 2: Cabe destacar el voto discrepante en parte del vocal Huerta Llanos, que a diferencia del criterio mayoritario, que considera que la prescripción no puede declararse una vez ejercida y agotada la acción de determinación, sostuvo que, conforme a los arts. 47 y 48 del Código Tributario, la prescripción puede ser declarada a pedido del deudor tributario y opuesta en cualquier estado del procedimiento administrativo o judicial, "esto es, la prescripción puede oponerse ante la Administración o el Tribunal Fiscal solo cuando no se hubieran emitido resoluciones que se pronuncian sobre el fondo del asunto (u otras decisiones que pongan fin al procedimiento administrativo) o cuando los actos administrativos no hubieran adquirido la calidad de firmes en la vía administrativa, o puede oponerse ante el Poder Judicial solo cuando no se hubieran emitido decisiones que tengan autoridad de cosa juzgada."
Comentario: El criterio adoptado por el Tribunal Fiscal resulta cuestionable, en tanto considera que la prescripción de la acción para determinar la obligación tributaria no puede declararse cuando es alegada después de la notificación de la resolución de determinación, aun cuando el plazo prescriptorio hubiera vencido antes de que la Administración ejerciera dicha acción.
Esta interpretación no parece concordar con lo dispuesto en el art. 48 del Código Tributario, que establece expresamente que la prescripción puede oponerse en cualquier estado del procedimiento administrativo o judicial, sin establecer como límite temporal la notificación de la resolución de determinación.
En efecto, debe distinguirse entre el vencimiento del plazo prescriptorio, el ejercicio de la acción por parte de la Administración y la oportunidad en que el contribuyente invoca la prescripción. Si bien, conforme al art. 47 del Código Tributario, esta solo puede declararse a pedido del deudor tributario, ello no supone que deba ser invocada necesariamente antes de que la Administración ejerza la acción correspondiente. La exigencia de invocación no puede interpretarse como una restricción temporal adicional a la prevista expresamente en el art. 48.
Bajo esa perspectiva, el hecho de que la Administración haya notificado una resolución de determinación no debería impedir que se examine si, al momento de su notificación, la acción para determinar la obligación tributaria se encontraba prescrita. Lo contrario implicaría que el ejercicio de la acción, incluso después del vencimiento del plazo prescriptorio, impediría al contribuyente cuestionar su oportunidad, privando de eficacia práctica a la posibilidad de oponer la prescripción durante el procedimiento contencioso tributario.
Tampoco resulta convincente el argumento del Tribunal Fiscal según el cual admitir una oposición posterior de prescripción supondría atribuirle efectos retroactivos que afectarían la validez y eficacia de los actos administrativos emitidos. La declaración de prescripción no necesariamente implica que esta se produzca con efectos retroactivos, sino que supone reconocer que, al momento en que la Administración ejerció la acción, el plazo legal para hacerlo ya había vencido. En consecuencia, el cuestionamiento no se sustenta en una circunstancia sobrevenida que modifica la situación jurídica existente, sino en una condición que ya se habría configurado al momento de la actuación administrativa.
Asimismo, la invocación del principio de seguridad jurídica para justificar la improcedencia de la prescripción merece ser examinada con cautela. La institución de la prescripción responde precisamente a dicho principio, al establecer límites temporales al ejercicio de las potestades de la Administración y evitar que el contribuyente permanezca indefinidamente expuesto a su ejercicio. Por ello, no parece razonable que la seguridad jurídica sea utilizada para impedir que el deudor tributario cuestione una determinación efectuada cuando el plazo prescriptorio ya había transcurrido.
De otro lado, la interpretación adoptada por el Tribunal Fiscal podría restringir significativamente el derecho de defensa del contribuyente, pues la notificación de la resolución de determinación constituye, ordinariamente, el momento a partir del cual este puede conocer y cuestionar formalmente la determinación practicada por la Administración.
En ese sentido, la circunstancia de que la acción de determinación se haya ejercido mediante la notificación de la resolución correspondiente no debería impedir, por sí sola, que el contribuyente oponga posteriormente su prescripción. Lo relevante debería ser determinar si, al momento de ejercerse dicha acción, el plazo prescriptorio había vencido, teniendo en cuenta las causales de interrupción y suspensión legalmente previstas.
En consecuencia, el criterio adoptado por el Tribunal Fiscal introduce una limitación a la oportunidad para oponer la prescripción que no se desprende expresamente del art. 48 del Código Tributario y que podría debilitar la protección que dicha institución brinda frente al ejercicio extemporáneo de las facultades de la Administración Tributaria.